“El control judicial de la Administración es la garantía de los derechos del ciudadano.”
El derecho contencioso administrativo es una rama del derecho público que se encarga de regular las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública, permitiendo a los particulares recurrir las decisiones, actos o disposiciones de las autoridades administrativas que consideren ilegales o perjudiciales para sus derechos. A través de este ámbito del derecho, se garantiza el control judicial de la actuación administrativa, asegurando que las instituciones públicas actúen dentro de la legalidad y respeten los derechos de las personas
El contencioso-administrativo ofrece a los ciudadanos la posibilidad de impugnar decisiones administrativas que vulneren sus derechos, ya sea en asuntos relacionados con licencias, expropiaciones, sanciones, contrataciones públicas o cualquier otro acto de las administraciones públicas que afecte de manera directa a los intereses de los particulares. De esta manera, se busca que las autoridades actúen conforme a las leyes y reglamentos, y que no se produzcan abusos o arbitrariedades en su accionar.
Este tipo de litigios se resuelven ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, que son los encargados de revisar la legalidad de los actos y disposiciones administrativas. A diferencia del derecho penal o civil, en el derecho contencioso-administrativo el conflicto se da entre un particular (ciudadano o empresa) y la Administración Pública, y el objetivo es asegurar que el poder público actúe en el marco de la ley y no lesione los derechos individuales.
Uno de los principios fundamentales de este derecho es la defensa de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de los ciudadanos, permitiendo que cualquier persona pueda recurrir a los tribunales para defenderse de actos administrativos que considere injustos o lesivos.
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