El recurso contencioso-administrativo es el procedimiento que permite impugnar actos, disposiciones o disposiciones de carácter general de la Administración Pública ante los Tribunales. Dominar sus plazos y pasos es esencial para presentar con éxito la reclamación y defender derechos frente a resoluciones administrativas. A continuación, detallamos cinco hitos clave —tres de plazo y dos de procedimiento— que estructuran cualquier recurso contencioso-administrativo, según la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Plazo de interposición: dos meses desde la notificación

El primer plazo crítico es el de interponer el recurso:

• El recurso contencioso-administrativo debe presentarse en el plazo de dos meses desde la notificación del acto impugnado (art. 46 LJCA) .

• Si el interesado no recibe notificación formal, dispone de un plazo de un año desde que el acto fuera ejecutado o conocido por silencio administrativo.

• El cómputo de dicho plazo excluye sábados, domingos y festivos y comienza al día siguiente de la notificación.

Respetar este plazo es condición de admisibilidad; su incumplimiento conlleva desestimación forzosa del recurso contencioso-administrativo.

2. Requerimiento preceptivo de desistimiento o confirmación

Antes de la interposición formal, debe cumplirse un trámite previo:

• Requerimiento a la Administración: solicitar la revisión del acto impugnado, autorizando un mes de plazo para desistir o confirmar la resolución (art. 46.1 LJCA).

• Si la Administración confirma o no responde en un mes, se considera desestimado y puede instarse el recurso.

• Si desiste, revoca voluntariamente el acto y no caben costas.

Este paso busca la posibilidad de solución administrativa previa al recurso contencioso-administrativo, evitando litigios innecesarios.

3. Presentación del escrito de interposición

El acto formal de inicio incluye:

1. Escrito de interposición, con:

   • Identificación del recurrente y representación.

   • Acto impugnado: fecha, órgano emisor y contenido.

   • Petición concreta (anulación, declaración de nulidad de pleno derecho).

2. Documentación básica: copia del acto, requerimiento previo, poder de representación y justificante de tasas (si procede).

3. Registro: presentar el escrito en el Registro del órgano al que se dirige el recurso o a través de medios electrónicos habilitados .

La formalidad y claridad en este paso condicionan la admisión del recurso contencioso-administrativo.

4. Oficio de traslado a la Administración demandada

Admitido a trámite, el Juzgado ordena:

• Traslado del recurso a la Administración demandada, que tiene 20 días para contestar (art. 80 LJCA).

• Entrega de copias al Ministerio Fiscal, si interviene.

• Señalamiento de fecha de vista o deliberación.

En este plazo, la Administración expone sus argumentos y aporta pruebas, iniciándose el debate jurídico del recurso contencioso-administrativo.

5. Sentencia y ejecución

Una vez practicadas las pruebas y vistas las alegaciones:

1. Sentencia: el Tribunal resuelve en un plazo medio de 6–12 meses, según carga de trabajo, dictando anular, confirmar o modular el acto impugnado.

2. Recursos: contra sentencia en sede de la Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, según importe y materia.

3. Ejecución: si se estima el recurso, la Administración debe ejecutar la sentencia, restableciendo la situación anterior, y pagar costas si así se decide.

La firmeza y ejecución de la resolución finalizan el recurso contencioso-administrativo, restaurando los derechos afectados por el acto administrativo.

Conclusión

Conocer los plazos de dos meses para interponer, un mes para requerir y veinte días para contestar, junto a los pasos de escrito de interposición, traslado y sentencia, es esencial para triunfar en un recurso contencioso-administrativo. La precisión en cada etapa, el cumplimiento estricto de plazos y la presentación rigurosa de documentación aseguran una defensa sólida frente a actos de la Administración.